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Por: Jesús Torres

La nuñista, Elidé Moreno Cáliz fue finalmente designada, entre una terna de aspirantes, para ocupar la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA). En el camino se quedaron, Beatriz López Priego, vinculada al equipo de campaña del hoy gobernador, Adán Augusto López Hernández y el abogado, Orlando Zepeda Arias, este último con una carrera intachable en la administración pública y actual defensor de los derechos humanos.

Si en el pasado este organismo sirvió de tapadera al gobierno de Arturo Núñez, el cuál desvío 3 mil 500 millones de pesos, con el nombramiento de Moreno Cáliz, ex titular del ITAIP y ex consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana durante el nuñismo, lo único que se puede esperar del Sistema Estatal Anticorrupción es más simulación con el actual régimen.

Y es que en el 2017, cuando fue aprobada la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la crítica no se hizo esperar por empresarios tabasqueños quienes vieron una legislación a modo para el gobernante en turno, pues los responsables de los nombramientos, como ocurrió en este caso con Moreno Cáliz, en su mayoría son funcionarios de la actual administración.

Vale la pena citar lo dicho sobre el tema en aquel entonces por el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex nacional, Roberto Erhman: “no nos hagamos ilusiones, en cuestiones de lucha anticorrupción hay un tema que todos nosotros tenemos que tener bien claro, no podemos permitirnos el lujo de ser ingenuos. Tenemos un sistema local anticorrupción en donde todas las patas están vinculadas al gobernador en turno”.

El asunto es que si tanto Moreno Cáliz como Beatriz López Priego eran las menos indicadas para ocupar el cargo de Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SESEA por su pasado y sus vínculos políticos, ¿por qué no se optó por un tercero que viniera a sanear un organismo acusado en el sexenio pasado de ser cómplice del saqueo en Tabasco?

Como escribiera en su columna Sin Remitente, el periodista Víctor Ulín, “en momentos en que el gobierno requiere acreditar con hechos el combate frontal a la impunidad, el Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco demanda integrantes incuestionables moral y profesionalmente, y, por tanto, una renovación total de sus actuales miembros”.

Desafortunadamente el mensaje que ayer se dio en ese organismo fue el equivocado. Más de lo mismo.