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Con la nueva reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se abren las puertas a la corrupción y se convierte en un enorme obstáculo para el desarrollo económico, acusa la Diputada Federal_

La legisladora acusó que ni siquiera va a ser necesario que los delegados, súper delegados en los estados sean mexicanos o estén inhabilitados para ser designados en esa alta responsabilidad pública_

Con las nuevas reformas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se abren las puertas a la corrupción y se convierte en un enorme obstáculo para el desarrollo económico ya que se privilegiarán los perfiles político-electorales por encima de los técnicos que requiere México para detonar su desarrollo en el nombramiento de los titulares de las delegaciones federales, ahora llamadas Oficinas de Representación en los estados, consideró la Diputada Federal, Soraya Pérez Munguía.

Al hacer uso de la voz en la Tribuna en San Lázaro, la política tabasqueña remarcó que *no se debe combatir la pobreza con pobreza profesional*, en alusión a que con esta Reforma “ya no será necesario cubrir ni perfil ni experiencia para ser delegado federal, ni siquiera va a ser necesario que sean mexicanos o estén inhabilitados”.

Dijo que es una incongruencia debido a que quienes tendrán la alta responsabilidad de encabezar las dependencias federales no se les pedirá requisito para el cargo público, más no así a todo el personal que está adscrito a la delegación, a ellos sí se les exigirá que cumplan con los perfiles y la evaluación del servicio civil de carrera”, lamentó.

Soraya Pérez señaló que la profesionalización de los servidores públicos siempre ha sido un tema muy relevante y se ha luchado para dignificar el servicio público con los años.

Cabe señalar que la propuesta de Reserva de la fracción I del artículo 17 Bis de la iniciativa por la que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contempla que:

Los titulares de las oficinas de representación serán designados por el Secretario o titular de la entidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales aplicables. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la representación respectiva;

c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y

d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.