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CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- En 2017, los gobiernos estatales tenían asignado un presupuesto conjunto de 1 billón 757,848 millones 257,894 pesos, pero gastaron 2 billones 052,846 millones, 17% más de lo presupuestado. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esto significa que las entidades violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y tienen recursos para gastar de forma discrecional.

“Es el invernadero perfecto de la corrupción. Lo que nos presenta este estudio, en esencia, es el invernadero jurídico para el Javier Duarte del próximo sexenio; estos personajes surgen en determinados contextos, no es que sean villanos perfectos, simplemente son políticos tramposos que en un entorno de opacidad y discrecionalidad se vuelven una especie de emperadores romanos”, dijo Juan Pardinas, director del IMCO, durante la presentación del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018.

Según el documento, al menos 19 estados estarían reprobados en métricas internacionales, como la de la ONU, con gastos mayores a lo presupuestado. Destacan los casos de Quintana Roo, que gastó 87% más, seguido de Veracruz, Morelos, Nuevo León, Durango y Baja California Sur, con sobreejercicios de entre 28% y 39%.

Publicidad oficial, viáticos, ceremonias oficiales, vehículos y artículos de oficina son los rubros en los que los estados aumentan su gasto de manera desproporcionada y sin rendición de cuentas.

Por ejemplo, el presupuesto de los gobiernos estatales en burocracia aumentó 11%, es decir, 62,000 millones de pesos más. Si los estados hubieran gastado lo que presupuestaron, se habrían ahorrado 226,577 millones de pesos, lo que equivale a seis veces el presupuesto de la UNAM en 2017.

Puedes ver el documento completo aquí

¿Cómo recibieron más dinero los estados?

El índice señala que las entidades tienen un promedio de cumplimiento de 59% en materia de información; sin embargo, debido a la mala planeación y la poca vigilancia, el gasto aumenta en rubros innecesarios.

La mayoría de los estados subestima sus ingresos, recibe más dinero y termina gastando más de lo presupuestado o se endeuda para cumplir con sus obligaciones.

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En 2017, recibieron excedentes por 319,753 millones de pesos, 18% más de lo que habían presupuesto y el equivalente al 60% del saldo de la deuda pública, lo que al final fue usado por los estados a su parecer.

“Lo que vemos en la práctica es que no respetan sus presupuestos y gastan más de lo aprobado. Como no están presupuestados representan un cheque en blanco”, señaló Diego Díaz, investigador del IMCO.

¿A qué se debe?

Las variaciones se deben principalmente a una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos, en la que los estados asignan recursos a rubros que no tienen un impacto directo en la población y a que no hay contrapesos en los congresos locales.

“La legislación no los faculta (a los congresos) a aprobar las modificaciones de la Secretaría de Finanzas, hacen poco uso de su facultad de emitir opiniones sobre los reportes trimestrales y no piden la comparecencia de los funcionarios causantes de las malas prácticas”, expuso Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.

¿Qué hacer?

El IMCO hizo una serie de recomendaciones como reducir la discrecionalidad estableciendo controles a las modificaciones presupuestales, que limiten el incremento, y mayor participación de los congresos locales, para que funcionen como verdaderos contrapesos.

También urgió a que haya mejor calidad de la información financiera, que los entes publiquen en tiempo y forma su información financiera, y que esté en formato de datos abiertos para que la ciudadanía pueda acceder a ella